Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue aprehendido José Luis Moyá Moyá por autoridades judiciales de la CDMX, por lo que se espera que en las próximas horas sea trasladado a algún reclusorio.
Desde marzo de 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que llevaría a cabo una investigación exhaustiva en contra de Moyá Moyá por distintos delitos de los que fue acusado, entre los que destacaba lavado de dinero.
Un video que salió a la luz en redes sociales (https://www.youtube.com/watch?v=UeOMlGqEH-I) evidenciaba distintas pruebas en las cuales involucraba depósitos millonarios entre la familia José Luis Moya, en los cuales la madre de este personaje movía cantidades inexplicables para la actividad que realizaba.
De acuerdo con los autores del video, Rosa María Moyá, de 87 años, recibía y transfería grandes cantidades de dinero, a pesar de que no se le conocía ninguna actividad empresarial. Según el video, solo en 2020, la señora podría haber gastado más de 11 millones de pesos.
Se desconoce el origen de estos recursos, ya que su única actividad económica declarada era el trabajo doméstico. No obstante, sus movimientos reflejaron transferencias de millones de pesos desde su cuenta bancaria sin aparente justificación. En particular, habría transferido 5 millones 248 mil 957 pesos en siete operaciones a Luis Ceferino Macías Noguera, su presunto yerno, entre 2019 y 2021.
En los últimos 15 años, José Luis Moyá Moyá ha utilizado la transparencia en México para acaparar información sensible con fines de extorsión, dirigida a funcionarios, políticos y empresarios.
Se sabe que desde el 2002 a la fecha, ha realizado más de mil cien solicitudes al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y ha interpuesto 700 recursos de revisión. Asimismo se ha hecho pasar como asesor de funcionarios públicos para acceder a información privilegiada y lucrar con ella.
José Luis Moyá llegó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces presidía la Comisión de Hacienda, y lo contrató como uno de sus colaboradores.
Sin embargo, en agosto de 2003, éste se ostentaba como secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias federal y local, a fin de obtener información y luego presentar denuncias por supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipo de oficina y flotillas de vehículos con sobreprecio.
Salvador Abascal explicó que, al descubrir estas acciones, decidió desvincularse de este personaje y advertir que operaba por cuenta propia. Moyá respondió demandando a Abascal por 10 millones de pesos por daño moral, pero el juicio se resolvió en contra del demandante.
Cabe recordar que en el año 2006, la señora Isabel Miranda Wallace, de la asociación Alto al Secuestro, denunció a José Luis Moyá por extorsión y difamación, según reportes de la prensa, en las que se señalaba que Moyá solicitaba dinero a cambio de no perjudicar la imagen pública de la afectada.